IEEPCO entregó contratos por más de 190 millones de pesos a empresas bajo investigación
Más de 190 millones de pesos en contratos para suministrar material y documentación electoral quedaron bajo escrutinio por la forma en que fueron asignados por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO). Una investigación de El Universal documentó que, entre 2021 y 2024, el organismo recurrió a adjudicaciones directas para contratar a compañías que también han sido mencionadas en indagatorias de autoridades fiscalizadoras y financieras.
Uno de los casos señalados corresponde a la impresión de documentación electoral. En ese procedimiento, Litho Formas cotizó el servicio en 55.7 millones de pesos, mientras que Formas Inteligentes presentó una propuesta de 32.4 millones. A pesar de que la segunda oferta era aproximadamente 23.3 millones de pesos más económica, el instituto terminó asignando el contrato a Litho Formas de manera directa, después de que la licitación pública no prosperara.
Una situación similar ocurrió con la compra de material electoral. Cajas Graf, Formas Finas y Materiales y Corporativo ZEG presentaron propuestas que iban de los 61.2 a los 66.8 millones de pesos. Sin embargo, luego de que el concurso se declarara desierto por falta de presupuesto, el IEEPCO optó por contratar directamente a Formas Finas y Corporativo ZEG.
Las empresas mencionadas aparecen en investigaciones periodísticas relacionadas con los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas. Compañías vinculadas a ese grupo empresarial han sido objeto de indagatorias de la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera; no obstante, estos señalamientos no equivalen a una resolución judicial que acredite responsabilidades.
El manejo de los recursos también fue motivo de cuestionamientos dentro del Consejo General del organismo. El representante del PRD, Jaime Álvarez Martínez, solicitó aclaraciones sobre las operaciones, mientras que la consejera presidenta, Elizabeth Sánchez González, defendió las decisiones y argumentó que las adjudicaciones directas se realizaron ante las limitaciones presupuestales y la necesidad de cumplir con los plazos de organización electoral.
A estos antecedentes se suma un contrato otorgado a Flexométrica en diciembre de 2025 por 36 millones 98 mil 779.85 pesos para suministrar material destinado a la revocación de mandato. El instituto justificó esa operación por los requerimientos logísticos y los tiempos establecidos para llevar a cabo el proceso.