Nómina de 17 millones de pesos en Juchitán desata polémica por supuestos aviadores
El comisionado municipal de Juchitán, Francisco Vásquez Jiménez, aseguró que dejaría su responsabilidad antes que permitir la continuidad de prácticas que considera irregulares dentro del Ayuntamiento. Sus declaraciones surgieron en medio de las protestas de extrabajadores que reclaman el pago de salarios y cuestionan las decisiones tomadas sobre su situación laboral. El funcionario sostuvo que no está dispuesto a respaldar manejos administrativos que, desde su perspectiva, han perjudicado las finanzas del municipio.
Vásquez Jiménez señaló que la nómina municipal implica un desembolso cercano a los 17 millones de pesos al mes y acusó que en la administración anterior había plazas asignadas por compromisos políticos, personas cuyas funciones no estaban claramente definidas y esquemas en los que una sola persona recibía los salarios de varios trabajadores para después distribuirlos. También mencionó registros de empleados como personal de limpieza con percepciones superiores a los 10 mil pesos mensuales. Afirmó que esas prácticas fueron corregidas, aunque sus señalamientos abren cuestionamientos sobre el manejo de los recursos y la necesidad de transparentar la información.
La postura del comisionado también ha generado atención por un episodio anterior, cuando encabezaba el Cuerpo de Bomberos Municipales y se opuso a la notificación de su separación del cargo. De acuerdo con los antecedentes del caso, durante aquel conflicto hubo un enfrentamiento con bomberos estatales, retención de elementos, daños a una unidad oficial y afectaciones a la circulación en calles de Juchitán. Ese antecedente contrasta con el llamado que ahora hace el funcionario al respeto de las instituciones y la legalidad.
Mientras tanto, extrabajadores municipales acudieron a las oficinas administrativas para exigir el pago de sus percepciones. Marcos López, exdirector de Pesca, afirmó que no recibieron una notificación formal de su despido y que habían entregado la información sobre las actividades que realizaban, tal como se les solicitó. Los inconformes advirtieron que podrían emprender nuevas acciones si no obtienen una respuesta. En tanto, las declaraciones sobre la nómina y las presuntas irregularidades dejan pendientes explicaciones sobre las plazas, los pagos y el destino de los recursos públicos.